jueves, 28 de abril de 2011

La economía bajo la primacía de la democracia




Teódulo López Meléndez

La política perdió, entre tantas cosas, el control de la economía. No me refiero al Estado o a su intervencionismo a ultranza en los procesos económicos. Me refiero a que la democracia dejó de ser el gobierno del pueblo para pasar a ser un sistema en el que los mercados funcionen con libertad. La alteración del orden sí afecta al producto, puesto que si el mercado se convierte en el mecanismo superior de regulación social deja de ser la democracia precondición del mercado. Ello afecta la capacidad para la toma de decisiones, de manera que la democracia se desdibuja y pasa a ser un añadido del mercado. El traslado de las competencias es obvio. Hayeck ha llegado a los extremos de autorizar una violación del orden democrático para salvaguardar el orden del mercado. Para decirlo de otra manera, los precios se sobreponen a los votos. El individualismo se exacerba puesto que sería posible disfrutar de libertad personal sin libertad política.

Es necesario regular el mercado. El Estado no puede renunciar jamás a su poder de redistribución de la riqueza. El Estado no puede perder la capacidad de proporcionar a la parte débil de la población los recursos que el mercado le niega. Digamos que la situación se plantea a la inversa: sin democracia y sin política no puede haber capitalismo. Es en el campo de la política donde deben definirse las condiciones del intercambio o, en otras palabras, la política es el espacio donde se perfecciona el orden económico, pues debe resolver las claves del reparto. El asunto es la satisfacción material de las necesidades humanas. Podríamos decir que no hay identidad entre democracia y economía de mercado, lo que hay es un conflicto a resolver, uno más en la larga lista de la democracia.

El alejamiento entre política y economía cercena la capacidad de iniciativa de la ciudadanía en un terreno vital, pues toca sus condiciones materiales de existencia. Hay que incentivar los mecanismos de autogestión y cogestión, la influencia ciudadana en la determinación del gasto público y en la formulación de las políticas públicas.

Debemos decir que hay que construir una convivencia articulada entre democracia y economía, creando formas específicas de distribución de la riqueza. Es cierto que economía y política tienden a desconocerse, por la sencilla razón de que la economía tiende a la obtención de una ganancia individual mientras la política debe procurar los intereses colectivos. Hay que lograr una convivencia entre el mercado y la democracia. He aquí el punto focal. Se han intentado muchas formas de lograr esta convivencia. Las diferencias son obvias, entre el capitalismo japonés, el francés o el alemán. Cada uno responde a características de diverso tipo. Hay que tomar en cuenta dos elementos: el primero, la forma en que los intereses comunes son expresados en las instituciones del Estado y, segundo, la forma en que las instituciones del Estado –y de la política- se ocupa de los intereses comunes. Finalmente, cómo pueden comprometerse en un acuerdo de entendimiento los pobres que nada tienen. De manera que hay tres asuntos fundamentales: integración social o democracia inclusiva, la redistribución de la riqueza y la creación de empleo.

De manera que se trata –como ya se han estudiado en seminarios por toda América Latina- de cómo construir democracia por medio de oportunidades económicas renovadas, de las relaciones entre democracia y estabilidad macroeconómica. Es evidente que del estado de la política dependerán elementos como el macroeconómico, el productivo y el social.

Reaparece el concepto básico: la economía debe estar sujeta a la política. Si bien es cierto, como lo dijo Joseph Stiglitz- premio Nobel de Economía 2001- que "no existe un único conjunto de políticas dominantes que dé por resultado un óptimo de Pareto, es decir, uno que haga que todas las personas estén en mejor situación que si se hubiera aplicado cualquier otra política", es obvio que el objetivo de una buena política económica–democrática es mantener un equilibrio entre objetivos encontrados. De allí la otra conclusión obvia: la ciudadanía debe participar en las decisiones económicas, como debe participar en las decisiones propiamente políticas.

Debemos acotar, entonces, que democracia es la extensión de igualdad jurídica o, en otras palabras, implica el ejercicio de la ciudadanía civil, política y social, de la cual la economía no está excluida. Creo que todo puede enmarcarse en el concepto de ciudadanía. La visión tiene que ser paralela; democracia y ciudadanía como dos líneas que marchan juntas. No olvidemos que el concepto de igualdad jurídica está asociado al surgimiento del capitalismo moderno. La disputa entre igualdad social y derecho de propiedad se resuelve mediante el uso de principios jurídicos como la expropiación para fines de utilidad pública y el mantenimiento de medidas sociales redistributivas que atacan la desigualdad producida por el mercado.

De esta manera, en una democracia del siglo XXI la equidad social debe ser vista como expresión fundamental de los propósitos colectivos y, por tanto, de la cohesión social. Es obvio que la admisión del concepto y su declaración a rango constitucional no garantiza su cumplimiento. No olvidemos la contrapartida que debe el cuerpo social que adquiere responsabilidades y obligaciones. Sin ello estaríamos ante un caso flagrante de populismo. Y una de esas contrapartidas, aparte de producir, es la de participar en lo político.

Estos elementos constituyen en sí y per se lo que denominamos desarrollo. Para decirlo más claramente, el proceso económico debe estar sujeto al logro de los objetivos sociales. Lo que se ha denominado “Estado de bienestar” tiene infinitas variantes. En este sentido la palabra endógeno es consecuente con estas ideas. Este desarrollo tiene que tener origen interno. No podemos seguir viendo “economía de mercado” e intervencionismo estatal como antagonistas. El establecimiento de reglas macroeconómicas claras no es contrario al crecimiento democrático. Ni podemos permitir la caída en un populismo económico, entendiendo este último como la generación de prosperidad transitoria o el uso de promesas de bienestar social como instrumento de movilización de masas. Hay que garantizar la propiedad, una distribución equitativa de los ingresos, el proyecto social gubernamental y el funcionamiento del mercado y, obviamente, el manejo de los inevitables conflictos. Así, como hay que corregir las fallas del mercado, hay que corregir las fallas del gobierno (clientelismo, corrupción, despilfarro) y ello sólo se puede lograr mediante la creación de una alta densidad institucional democrática diseñada sobre la bases de la responsabilidad ciudadana. Siempre encontramos lo mismo: la crisis se debe a la sustracción de contenidos básicos a la política. No puede lograrse el desarrollo social sin incidir sobre el mercado.

Yochai Benkler (profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale (EE.UU.) utiliza con acierto la expresión “economía política del procomún”. Para él, procomún son espacios en que se puede practicar una libertad respecto a las restricciones que se aceptan normalmente como precondiciones necesarias al funcionamiento de los mercados, lo que no significa que sean espacios anárquicos. Significa que se pueden usar recursos gobernados por tipos de restricciones diferentes a las impuestas por el derecho de propiedad. “El procomún es un tipo particular de ordenación institucional para gobernar el uso y la disposición de los recursos. Su característica prominente, que la define en contraposición a la propiedad, es que ninguna persona individual tiene un control exclusivo sobre el uso y la disposición de cualquier recurso particular. En cambio, los recursos gobernados por procomún pueden ser usados por, o estar a disposición de, cualquiera que forme parte de un cierto número de personas (más o menos bien definido), bajo unas reglas que pueden abarcar desde `todo vale´ a reglas formales finamente articuladas y cuyo respeto se impone con efectividad”. Lo que propone es la posibilidad de existencia de propiedad común en un régimen de sostenibilidad y con mayor eficiencia que los regímenes de propiedad privada. Para él la web es un caso ejemplar de procomún. Allí podemos encontrar infinidad de organizaciones sin fines de lucro que utilizan Internet para proporcionar información e intercambio. “Permite el desarrollo de un papel sustancialmente más expansivo tanto para la producción no orientada al mercado como para la producción radicalmente descentralizada”. Benkler cree posible una transición desde una sociedad de consumidores pasivos que compra lo que vende un pequeño número de productores comerciales hacia una sociedad en la que todos puedan hablar a todos y convertirse en participantes activos.

Esta tesis tiene perfecta concordancia con la que sostiene Takis Fotopoulos analizando la crisis de la democracia como el efecto de una concentración de poder. Propone como solución una democracia inclusiva. En mi criterio es precisamente lo que debemos hacer en los términos de la relación que describo: marchar hacia una economía inclusiva. Fotopoulos (editor de la revista “Democracy&Nature y profesor de la Universidad de North London, aunque griego de nacimiento) presenta su proyecto como uno de modificación de la sociedad a todos los niveles, en el sentido de que la gente pueda autodeterminarse, lo que implica la existencia de una democracia económica. Si bien no comparto algunas ideas del profesor Fotopoulos sí me gusta el contexto general inclusivo, específicamente el tema de la democracia a nivel social o microsocial (lugar de trabajo, hogar, centro educativo), no como espacio anárquico de falsa igualdad, sino como la expresión básica del ejercicio democrático pleno. Para Fotopoulos el asunto es buscar un sistema que garantice las necesidades básicas y, al mismo tiempo, garantice la libertad de elección propia del mercado. De este planteamiento lo que me interesa es la idea de la construcción de instituciones alternativas y la expectativa de una transición que mantenga ambos elementos con vida. A Fotopoulos sus ideas se le van de las manos –creo- pero es innegable que su aporte –compartido a medias- es interesante en la búsqueda de posibilidades de construcción de una sociedad más equilibrada.

El punto focal es que una democracia del siglo XXI no puede estar divorciada de los resultados económicos, en el sentido de la consecución de una justicia social mediante la redistribución de la riqueza y que la política contiene en sí a lo económico, no lo económico a lo político, lo que quiere decir que la democracia asume la búsqueda del nuevo equilibrio y niega la preponderancia del mercado reasumiendo su función de condición esencial para el desarrollo de una economía al servicio del hombre.

teodulolopezm@yahoo.com

lunes, 25 de abril de 2011

No iré a primarias




No iré a primarias

Teódulo López Meléndez


La llamada “Mesa de la Unidad Democrática” (MUD) ha exacerbado hasta los límites sus vicios de origen. Se constituyó como una alianza de partidos sin participación del cuerpo social y sobre ese cuerpo social ha desarrollado un ejercicio dictatorial prevaliéndose del monopolio de la postulación y del desespero más que justificado de una parte de la población que desea producir un relevo en el gobierno.

Ha hecho de la “unidad” un fetiche, uno que ha colocado en el imaginario colectivo como palabra santa y capaz de resolver el conflicto que nos aflige. La han entendido no como la incorporación de los más vastos sectores a un proyecto común, sino como un instrumento de dominación. Es así, como amparan cada decisión arbitraria y unilateral en el manto protector unitario, uno que advierte que si esa “unidad” se rompe haría imposible una salida al presente régimen. La población protesta, pero asimila.

No han planteado, además, otra cosa que un regreso a la libertad, a la democracia y a la separación de poderes, generalidades con las cuales en este mundo y en este momento histórico no se puede combatir. Para sustituir al presente es menester diseñar el país sustitutivo, un proyecto no “anti” sino alternativo. En cuanto a los problemas concretos que aquejan a la población se han limitado a un listado de buenas intenciones.

Los procederes, las maneras y los ejercicios a que esta “Mesa de la Unidad Democrática” nos ha sometido no indican otra cosa que prácticas de vieja política, juego constante de intrigas, politiquería menuda, amén de un atraso conceptual que la convierte literalmente en un planteamiento de regreso al pasado. La visión que tengo del país es de construcción de otro futuro y es evidente que no coincide con lo que la MUD asoma. Sin ese planteamiento sustitutivo se derrumbará el falso alegato de que primero se sale del presente y luego se verá. He definido lo que viene como la transición más difícil de nuestra historia. Pues también hay que decirlo: es la elección más difícil de nuestra historia y no se puede ir a ella desnudo y con el único propósito de sacar a un gobierno para poner otro. El fenómeno de la polarización se ha tornado indispensable para los dos bandos que así se retroalimentan.

En un momento de responsabilidad intelectual dije que asumía la condición de precandidato presidencial para tratar de llenar el vacío conceptual y programático y dar un tono pedagógico –y quizás de mayor difusión- a mis propuestas.

He respetado escrupulosamente lo que es el sentir de una buena parte de la población que cree a ciegas en ese proyecto MUD que nos lleva hacia ninguna parte, pero es hora del planteamiento categórico.

Los partidos en su alianza olvidaron cualquier forma de resistencia y de combate político para refugiarse exclusivamente en un planteamiento electoral que ese abandono ha conformado no más que como un evidente electoralismo. He precisado en numerosas ocasiones los objetivos y propósito de participación electoral en las condiciones que actualmente los venezolanos sufrimos. No se es sincero ni muestra de honestidad la evasión constante a los problemas conflictivos diarios en una especie de sacrificio permanente en el altar de una política que sólo parece plantear una sustitución de un ejercicio déspota por el anterior que precisamente condujo a la república a su presente.

He presentado a mis conciudadanos, en los términos y propósitos que señalo arriba, unas primeras ideas para un programa concreto de gobierno (http://es.scribd.com/doc/50197848/Lo-propongo ), en áreas como educación, política internacional económica, ambiente, combate para superar la pobreza, petróleo y modos de enfrentar el flagelo de la inseguridad, entre otros. Igualmente he presentado mis primeras ideas para un Plan de la Nación (http://es.scribd.com/doc/52887233/PROYECTO-PAIS) a implementarse a partir del 2013 sobre tres vertientes: una sociedad del conocimiento, una república de ciudadanos y una democracia del siglo XXI.

Esto quiere decir que he asumido ante el país una responsabilidad, pues no se puede presentar un programa de gobierno y asumir conceptualmente la idea de la nación que queremos y luego rehuir las consecuencias de tal acto.

He planteado la necesidad de un debate entre precandidatos para encontrarme que luego que alguno dice quererlo lo evade. He encontrado que los “medios afectos” a la alianza partidista bloquean todo esfuerzo por su divulgación y he encontrado un encierro en la intriga menuda antes que un esfuerzo por decirle a los venezolanos “con esto sustituiremos al presente”.

No hay, entonces, ni principios ni resultados prácticos relativos a nuestra realidad que me hagan participar en las “primarias” que anuncia la “Mesa de la Unidad Democrática”. Desisto de tal participación. Considero, además, que las decisiones que se han tomado sobre esa vía la hacen perder fuerza y que todo indica que lo mismo resultará de las que tomen de ahora en adelante.

He planteado insistentemente la necesidad de construir una alternativa. Escribí un libro que titulé “La tercera opción”. Planteé la necesidad de lo que llamé en una expresión-concepto “una unidad superior”. No ha sucedido nada –todo lo contrario- que me haya hecho desviar de la necesidad de darle alternativas a la nación.
Frente a ello debo sostener que me mantengo en la misma actitud de poner mi nombre a disposición del país, para servirle y ayudar a construir un futuro distinto.

Continuaré escribiendo mis propuestas a mis conciudadanos en un permanente desafío a la imaginación colectiva para superar esta dura etapa de nuestra historia. El país existe para servirlo, no para servirse de él. Bajo este insoslayable precepto me mantendré en la vida pública.

teodulolopezm@yahoo.com

sábado, 16 de abril de 2011

La economía bajo la primacía de la democracia






Teódulo López Meléndez


La política perdió, entre tantas cosas, el control de la economía. No me refiero al Estado o a su intervencionismo a ultranza en los procesos económicos. Me refiero a que la democracia dejó de ser el gobierno del pueblo para pasar a ser un sistema en el que los mercados funcionen con libertad. La alteración del orden sí afecta al producto, puesto que si el mercado se convierte en el mecanismo superior de regulación social deja de ser la democracia precondición del mercado. Ello afecta la capacidad para la toma de decisiones, de manera que la democracia se desdibuja y pasa a ser un añadido del mercado. El traslado de las competencias es obvio. Hayeck ha llegado a los extremos de autorizar una violación del orden democrático para salvaguardar el orden del mercado. Para decirlo de otra manera, los precios se sobreponen a los votos. El individualismo se exacerba puesto que sería posible disfrutar de libertad personal sin libertad política.

Es necesario regular el mercado. El Estado no puede renunciar jamás a su poder de redistribución de la riqueza. El Estado no puede perder la capacidad de proporcionar a la parte débil de la población los recursos que el mercado le niega. Digamos que la situación se plantea a la inversa: sin democracia y sin política no puede haber capitalismo. Es en el campo de la política donde deben definirse las condiciones del intercambio o, en otras palabras, la política es el espacio donde se perfecciona el orden económico, pues debe resolver las claves del reparto. El asunto es la satisfacción material de las necesidades humanas. Podríamos decir que no hay identidad entre democracia y economía de mercado, lo que hay es un conflicto a resolver, uno más en la larga lista de la democracia.

El alejamiento entre política y economía cercena la capacidad de iniciativa de la ciudadanía en un terreno vital, pues toca sus condiciones materiales de existencia. Hay que incentivar los mecanismos de autogestión y cogestión, la influencia ciudadana en la determinación del gasto público y en la formulación de las políticas públicas.
Debemos decir que hay que construir una convivencia articulada entre democracia y economía, creando formas específicas de distribución de la riqueza. Es cierto que economía y política tienden a desconocerse, por la sencilla razón de que la economía tiende a la obtención de una ganancia individual mientras la política debe procurar los intereses colectivos. Hay que lograr una convivencia entre el mercado y la democracia. He aquí el punto focal. Se han intentado muchas formas de lograr esta convivencia. Las diferencias son obvias, entre el capitalismo japonés, el francés o el alemán. Cada uno responde a características de diverso tipo. Hay que tomar en cuenta dos elementos: el primero, la forma en que los intereses comunes son expresados en las instituciones del Estado y, segundo, la forma en que las instituciones del Estado –y de la política- se ocupa de los intereses comunes. Finalmente, cómo pueden comprometerse en un acuerdo de entendimiento los pobres que nada tienen. De manera que hay tres asuntos fundamentales: integración social o democracia inclusiva, la redistribución de la riqueza y la creación de empleo.

De manera que se trata –como ya se han estudiado en seminarios por toda América Latina- de cómo construir democracia por medio de oportunidades económicas renovadas, de las relaciones entre democracia y estabilidad macroeconómica. Es evidente que del estado de la política dependerán elementos como el macroeconómico, el productivo y el social.

Reaparece el concepto básico: la economía debe estar sujeta a la política. Si bien es
cierto, como lo dijo Joseph Stiglitz- premio Nobel de Economía 2001- que "no existe un único conjunto de políticas dominantes que dé por resultado un óptimo de Pareto, es decir, uno que haga que todas las personas estén en mejor situación que si se hubiera aplicado cualquier otra política", es obvio que el objetivo de una buena política económica–democrática es mantener un equilibrio entre objetivos encontrados. De allí la otra conclusión obvia: la ciudadanía debe participar en las decisiones económicas, como debe participar en las decisiones propiamente políticas.

Debemos acotar, entonces, que democracia es la extensión de igualdad jurídica o, en otras palabras, implica el ejercicio de la ciudadanía civil, política y social, de la cual la economía no está excluida. Creo que todo puede enmarcarse en el concepto de ciudadanía. La visión tiene que ser paralela; democracia y ciudadanía como dos líneas que marchan juntas. No olvidemos que el concepto de igualdad jurídica está asociado al surgimiento del capitalismo moderno. La disputa entre igualdad social y derecho de propiedad se resuelve mediante el uso de principios jurídicos como la expropiación para fines de utilidad pública y el mantenimiento de medidas sociales redistributivas que atacan la desigualdad producida por el mercado. De esta manera, en una democracia del siglo XXI la equidad social debe ser vista como expresión fundamental de los propósitos colectivos y, por tanto, de la cohesión social. Es obvio que la admisión del concepto y su declaración a rango constitucional no garantiza su cumplimiento. No olvidemos la contrapartida que debe el cuerpo social que adquiere responsabilidades y obligaciones. Sin ello estaríamos ante un caso flagrante de populismo. Y una de esas contrapartidas, aparte de producir, es la de participar en lo político. Estos elementos constituyen en sí y per se lo que denominamos desarrollo. Para decirlo más claramente, el proceso económico debe estar sujeto al logro de los objetivos sociales. Lo que se ha denominado “Estado de bienestar” tiene infinitas variantes. En este sentido la palabra endógeno es consecuente con estas ideas. Este desarrollo tiene que tener origen interno. No podemos seguir viendo “economía de mercado” e intervencionismo estatal como antagonistas. El establecimiento de reglas macroeconómicas claras no es contrario al crecimiento democrático. Ni podemos permitir la caída en un populismo económico, entendiendo este último como la generación de prosperidad transitoria o el uso de promesas de bienestar social como instrumento de movilización de masas. Hay que garantizar la propiedad, una distribución equitativa de los ingresos, el proyecto social gubernamental y el funcionamiento del mercado y, obviamente, el manejo de los inevitables conflictos. Así, como hay que corregir las fallas del mercado, hay que corregir las fallas del gobierno (clientelismo, corrupción, despilfarro) y ello sólo se puede lograr mediante la creación de una alta densidad institucional democrática diseñada sobre la bases de la responsabilidad ciudadana. Siempre encontramos lo mismo: la crisis se debe a la sustracción de contenidos básicos a la política. No puede lograrse el desarrollo social sin incidir sobre el mercado.

Yochai Benkler (profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale (EE.UU.) utiliza con acierto la expresión “economía política del procomún”. Para él, procomún son espacios en que se puede practicar una libertad respecto a las restricciones que se aceptan normalmente como precondiciones necesarias al funcionamiento de los mercados, lo que no significa que sean espacios anárquicos. Significa que se pueden usar recursos gobernados por tipos de restricciones diferentes a las impuestas por el derecho de propiedad. “El procomún es un tipo particular de ordenación institucional para gobernar el uso y la disposición de los recursos. Su característica prominente, que la define en contraposición a la propiedad, es que ninguna persona individual tiene un control exclusivo sobre el uso y la disposición de cualquier recurso particular. En cambio, los recursos gobernados por procomún pueden ser usados por, o estar a disposición de, cualquiera que forme parte de un cierto número de personas (más o menos bien definido), bajo unas reglas que pueden abarcar desde `todo vale´ a reglas formales finamente articuladas y cuyo respeto se impone con efectividad”. Lo que propone es la posibilidad de existencia de propiedad común en un régimen de sostenibilidad y con mayor eficiencia que los regímenes de propiedad privada. Para él la web es un caso ejemplar de procomún. Allí podemos encontrar infinidad de organizaciones sin fines de lucro que utilizan Internet para proporcionar información e intercambio. “Permite el desarrollo de un papel sustancialmente más expansivo tanto para la producción no orientada al mercado como para la producción radicalmente descentralizada”. Benkler cree posible una transición desde una sociedad de consumidores pasivos que compra lo que vende un pequeño número de productores comerciales hacia una sociedad en la que todos puedan hablar a todos y convertirse en participantes activos.

Esta tesis tiene perfecta concordancia con la que sostiene Takis Fotopoulos analizando la crisis de la democracia como el efecto de una concentración de poder. Propone como solución una democracia inclusiva. En mi criterio es precisamente lo que debemos hacer en los términos de la relación que describo: marchar hacia una economía inclusiva. Fotopoulos (editor de la revista “Democracy&Nature y profesor de la Universidad de North London, aunque griego de nacimiento) presenta su proyecto como uno de modificación de la sociedad a todos los niveles, en el sentido de que la gente pueda autodeterminarse, lo que implica la existencia de una democracia económica. Si bien no comparto algunas ideas del profesor Fotopoulos sí me gusta el contexto general inclusivo, específicamente el tema de la democracia a nivel social o microsocial (lugar de trabajo, hogar, centro educativo), no como espacio anárquico de falsa igualdad, sino como la expresión básica del ejercicio democrático pleno. Para Fotopoulos el asunto es buscar un sistema que garantice las necesidades básicas y, al mismo tiempo, garantice la libertad de elección propia del mercado. De este planteamiento lo que me interesa es la idea de la construcción de instituciones alternativas y la expectativa de una transición que mantenga ambos elementos con vida. A Fotopoulos sus ideas se le van de las manos –creo- pero es innegable que su aporte –compartido a medias- es interesante en la búsqueda de posibilidades de construcción de una sociedad más equilibrada.

El punto focal es que una democracia del siglo XXI no puede estar divorciada de los resultados económicos, en el sentido de la consecución de una justicia social mediante la redistribución de la riqueza y que la política contiene en sí a lo económico, no lo económico a lo político, lo que quiere decir que la democracia asume la búsqueda del nuevo equilibrio y niega la preponderancia del mercado reasumiendo su función de condición esencial para el desarrollo de una economía al servicio del hombre.

teodulolopezm@yahoo.com

miércoles, 13 de abril de 2011

Proyecto País




PROYECTO PAÍS

Primeras ideas para un “Proyecto Nacional. Plan de Reconstrucción Democrática para el Desarrollo Sustentable del hombre venezolano”

http://www.blogger.com/img/blank.gif
http://es.scribd.com/doc/52887233/PROYECTO-PAIS

domingo, 10 de abril de 2011

Hacia una socioeconomía: Proyecto país





Hacia una socioeconomía: Proyecto país

Teódulo López Meléndez


Cerrarse en la defensa exclusiva y excluyente de una economía de mercado no puede considerarse más que como una excentricidad económica. Equivale al desconocimiento de la necesidad de abrir posibilidades a nuevas formas que, organizadas al margen de la simple acumulación de capital, permitan una organización ciudadana autogestionaria de producción, distribución y consumo de bienes y servicios.

No se plantea un ataque a la propiedad privada, la que viene respetada con las sujeciones jurídicas archiconocidas. Se trata de abrir la puerta a alternativas de asociaciones ciudadanas donde el trabajo común es el capital y donde los beneficios se reparten con sentido igualitario. Podríamos decir que la economía social es una forma expedita de crear ciudadanía pues la solidaridad está presente en la base misma del planteamiento. Esto es, el planteamiento de libre asociación para el beneficio común colocado por encima de un interior espíritu competitivo. Es claro que la economía social está dirigida, sobre todo, a satisfacer necesidades básicas como alimentación, salud, vivienda, educación y conocimiento.

La economía social no puede ser excluyente, como se pretende al tratar de utilizarla como alternativa a la propiedad privada, sino un espacio que convive pacíficamente con ella. Es un orden que se contrapone tanto al capitalismo puro como a la planificación socialista, uno centrado en el hombre. Es una forma de propiedad privada sobre el principio de la cogestión y debe tener perfecto derecho al beneficio y al crecimiento de la empresa social, dentro de los parámetros del bien común. Debe moverse en un orden económico de libertad con la vigilancia de un Estado fundamentado en lo social del derecho y bajo la ética de una doctrina de promoción social.

La economía social no es una invención reciente. Ocupa un espacio empleador importante en Europa, así como un espacio productivo relevante. Las autoridades europeas realizan permanentemente conferencias sobre el tema siempre poniendo de relieve su vocación de inserción e, inclusive, su utilidad frente a la presente crisis económica, dada su alta capacidad de empleo sustentable. De manera que mirarla con recelo es una muestra de ceguera de una ortodoxia neoliberal al margen de los tiempos.

Así tenemos como en España la economía social, con criterios variables, es reconocida y se le reconoce la calidad de una de las fuentes de empleo más estable. En Francia se consideran parte de ella a las mutualidades, a las cooperativas, a las asociaciones y a las fundaciones. En Bélgica existe el Consejo Valón de Economía Social. En Inglaterra se manejan varios conceptos bajo la denominación común de social economy, tales como conceptos de “sector no lucrativo” o de “sector voluntario”. La Unión Europea mantiene activo el Comité Económico y Social y edita textos sobre el tema con gran frecuencia. En nuestro continente, en un país como Canadá, se le reconoce y se le estudia.

Con variantes aquí y allá, podemos decir que se reconocen como dentro de la economía social empresas democráticas donde una persona tiene un voto y con distribución de beneficios no relacionada con el capital aportado por cada socio; a las cooperativas, como a las sociedades laborales; a las sociedades agrarias e, incluso, a empresas mercantiles que controlan los agentes de la economía social; tanto a las cajas de ahorro como a las mutualidades de seguros y de previsión social.

Se le llama sector voluntario, tercer sector solidario, economía solidaria o de iniciativa social, a esta realidad que está entre la economía capitalista y aquella pública. Lo es, al partir de una democratización del poder de decisión, al establecer una primacía del hombre y del trabajo en el reparto de las ganancias, la dotación de patrimonios colectivos o el de una no distribución de beneficios, dado que su propósito central es el del servicio a sus miembros y a la colectividad. Esto es, las bases son democracia, interés social y justicia distributiva.

La economía social es, pues, una forma de hacer economía en que se realza lo positivo de lo social dentro de lo económico y financiero. En otras palabras, en el momento en que en lo económico se parte del contexto humano. Si se analiza la llamada “economía informal” en que viven millones de personas en América Latina se encuentra una impresionante cifra en activos que quizás demuestre que la pobreza es más que todo un problema de ineficiencia social y que un paso clave está en convertir estos activos en productivos. El Estado no puede ser una especie de compañía de seguros que se ocupa de la seguridad, de la asistencia sanitaria y de la construcción de grandes obras públicas, para comenzar a ser mirado más desde el ángulo social, esto es, como un generador de valor social. Ya lo he dicho en otra parte: la economía y la política no pueden separarse y el desorden de la injusticia es producto de una subordinación de la política a la economía.

Es necesario lograr una coexistencia de todos los actores dentro de una economía plural donde esté la social como un enclave respetado de resolución del conflicto socioeconómico. No habrá desarrollo que merezca tal nombre si los actores del modelo capitalista latinoamericano se empeñan en bloquear los modelos financieros alternativos. El papel del Estado, en este caso específico, es el de la inversión estimulante, mediante políticas financieras y tributarias, y la concentración de los esfuerzos en proyectos productivos.

El objetivo es el desarrollo de una socieconomía en que no hay escisión de los agentes económicos de sus identidades sociales y menos del mundo simbólico que llamamos cultura. Si hablamos de socieconomía es porque esta debe producir sociedad y no sólo utilidades. El listado puede ser grande: cooperativas, servicios personales solidarios, ahorros hacia el crédito social, formación e investigación continuas, asociaciones de productores autónomos, redes de ayuda mutua, organizaciones de trueque, etc. La organización social se manifiesta, en numerosas ocasiones, por necesidades específicas que brotan al calor de la vida misma y que no son reducibles a un mero elenco. Ni una lógica capitalista ni un Estado socialista planificador a ultranza pueden no mirar con suspicacia lo que es la economía social, lo que quiere decir que ni una política asistencialista ni un Estado que roba atribuciones a los ciudadanos mirarán con buenos ojos una socieconomía. El principio de convergencia sólo puede encontrarse en una democracia con calidad humana, la que hemos denominado una democracia del siglo XXI.

Lo que hay que reconsiderar, en última instancia, son los conceptos mismos de ciudadanía y de calidad democrática. Lo que ahora debemos plantearnos en la base misma de la pirámide política es de nuevo a los seres humanos y, por supuesto, dada la crisis planetaria de sustentabilidad, la relación con su entorno. Ambas fueron echadas al saco del olvido con lentitud pero sin pausas. Insisto en el efecto pernicioso del rompimiento de lo económico con lo político y, por esa vía, con lo ético. La economía debemos volver a colocarla entre las Ciencias Humanas y no como dependiente de las Ciencias Exactas. El problema, sea dicho, es plantearnos una inteligencia en un ámbito superior. Es menester instituir una lógica cooperativa en medio de una lógica exclusivamente competitiva. Los problemas ya no son los que dieron origen a una lógica capitalista implacable. Le economía fue convertida en una religión, esto es, ocuparnos de ella era ocuparnos de todo, falsificación que nos ha conducido al cuadro que denota la precariedad de gruesas poblaciones humanas.

Comencemos a hablar de una sociedad cívica, donde todos y cada uno asuma sus responsabilidades y entre ellas la que aquí hemos abordado, la perentoriedad de una socieconomía.

teodulolopezm@yahoo.com

lunes, 4 de abril de 2011

Democracia, proceso sin término: Proyecto país




Teódulo López Meléndez

Se ha llegado a definir la cultura democrática como la orientación psicológica hacia
objetivos sociales. Esto es, la cultura política es la interiorización de la democracia y la orientación hacia el bien común. Es lo que se ha denominado también la conformación de un carácter nacional democrático. La democracia es una cultura de la responsabilidad colectiva en lo que sucede, con todo lo que implica como solidaridad y respeto. La democracia debe ser considerada como un sistema cultural y en ella va incluida la conciencia de que la democracia es una línea de fuga que usamos para construir la justicia, admitiendo las palabras democracia y dificultad como sinónimas.

Si vamos a analizar la cultura democrática hay que analizar el contexto en que se produce esa cultura dejando de lado la idea de limitarse a los laterales pues es a la sociedad misma donde debe irse. Es decir, a los conceptos de pertenencia y ciudadanía, con obligaciones y derechos, a la revalorización de la cultura como conciencia crítica. La democracia reposa sobre la autonomía humana y la cultura es un componente esencial de la complejidad de lo social-histórico. En resumen, de lo que somos testigos es de una desocialización sucedida artificialmente. Una democracia del siglo XXI tiene que tener necesariamente a una sociedad capaz de interrogarse sobre su destino en un movimiento sin fin. Esa nueva cultura democrática presenta una dimensión imperceptible, pero real, de una voluntad social que crea las instituciones. Hay que romper el encierro del sentido y restaurarle a la sociedad y al individuo la posibilidad de crearlo, mediante una interrogación ilimitada.

Debemos ver hasta donde los sujetos sociales se dan cuenta de lo que pasa. La cultura política cambia en la medida en que los ciudadanos descubran nuevas relaciones entre el entorno inmediato y el devenir social. En otras palabras, en el momento en que descubran lo social. Algunos han llamado esta mirada de compromiso una percepción de la “ecología política general” lo que debe generar un movimiento energético comprensivo. Para que ello suceda el cuerpo social debe estar informado y ello significa que pueda contextualizar con antecedentes propios y extraños, pasados y presentes. Si no posee la información no podrá actuar o actuar mal. La democracia del siglo XX se caracterizó por una información mínima suficiente apenas para actuar en lo individual. Si volteamos el parapeto y echamos la base para que el cuerpo social busque por sí mismo la información tendremos sujetos activos. El primer paso es el contacto entre los diversos actores sociales, lo que va configurando una cultura de la comunicación, una donde no necesitan de esa información como único alimento, sino que comienzan a necesitar del otro, lo que los hace mirar al mundo como una interconexión de redes. La comunicación con el otro reduce la importancia del yo. Si avanzamos hacia lo que podríamos denominar una “sociedad comunicada” es evidente que esa sociedad se autogobierna aún usando los canales democráticos rígidos conocidos y puede autotransformarse.

Es evidente que una democracia del siglo XXI requiere de individuos y grupos sociales distintos de los que actuaron en la democracia del siglo XX. No se trata de una utopía o de una irracionalidad. Se trata, simplemente, de evitar que las energías se gasten en el refuerzo a una estructura jerarquizada y autoritaria no-participativa y de conseguir un salto de una sociedad que sólo busca información a una que busca la conformación de una voluntad alternativa lograda mediante la consecución de cambios en la forma social impuestos por un comportamiento colectivo. Se obtendrían así más libertad y más movimiento.

Debemos concluir que la democracia es un proceso sin término. En cada fase del avance la cultura política juega un papel fundamental que permite autogenerarse y autoreproducirse. La democracia sólo es posible cuando se tiene la exacta dimensión de una cultura democrática.

Ahora bien, esta persona que piensa es un producto social. La sociedad hace a la persona, pero esta persona no puede olvidar que tiene un poder instituyente capaz de modificar, a su vez, a la sociedad. La persona se manifiesta en el campo socio-histórico propiamente dicho (la acción) y en la psiquis. Se nos ha metido en esa psiquis que resulta imposible un cambio dentro de ella que conlleve a una acción. Es cierto que las acciones de la sociedad instituyente no se dan a través de una acción radical visible. Nos toca, a quienes pensamos, señalar, hacer notar, que la participación impuesta en una heteronomía instituida, impide la personalización de la persona, pero que es posible la alteración del mundo social por un proceso lento de imposiciones por parte de una sociedad trasvasada de instituida a instituyente.

La posibilidad pasa por la creación de articulaciones, no muy vistosas, es decir, mediante un despliegue de la sociedad sometida a un proceso de imaginación que cambie las significaciones produciendo así la alteración que conlleve a un cambio sociohistórico (acción). He allí la necesidad de un nuevo lenguaje, la creación de nuevos paradigmas que siguen pasando por lo social y por la psiquis. Partimos, necesariamente, de la convicción de que las cosas como están no funcionan y deben ser cambiadas (psiquis) y para ello debe ofrecerse otro tipo de sentido. La segunda (social) es hacer notar que la persona puede lograrlo sin tener un poder explícito (control de massmedia, un partido, o cualquier otra de las instituciones que tradicionalmente han sido depositarios del poder). Hay que insinuar una alteración de lo procedimental instituido. Se trata de producir un desplazamiento de la aceptación pasiva hacia un campo de creación sustitutiva.

teodulolopezm@yahoo.com