domingo, 10 de abril de 2011

Hacia una socioeconomía: Proyecto país





Hacia una socioeconomía: Proyecto país

Teódulo López Meléndez


Cerrarse en la defensa exclusiva y excluyente de una economía de mercado no puede considerarse más que como una excentricidad económica. Equivale al desconocimiento de la necesidad de abrir posibilidades a nuevas formas que, organizadas al margen de la simple acumulación de capital, permitan una organización ciudadana autogestionaria de producción, distribución y consumo de bienes y servicios.

No se plantea un ataque a la propiedad privada, la que viene respetada con las sujeciones jurídicas archiconocidas. Se trata de abrir la puerta a alternativas de asociaciones ciudadanas donde el trabajo común es el capital y donde los beneficios se reparten con sentido igualitario. Podríamos decir que la economía social es una forma expedita de crear ciudadanía pues la solidaridad está presente en la base misma del planteamiento. Esto es, el planteamiento de libre asociación para el beneficio común colocado por encima de un interior espíritu competitivo. Es claro que la economía social está dirigida, sobre todo, a satisfacer necesidades básicas como alimentación, salud, vivienda, educación y conocimiento.

La economía social no puede ser excluyente, como se pretende al tratar de utilizarla como alternativa a la propiedad privada, sino un espacio que convive pacíficamente con ella. Es un orden que se contrapone tanto al capitalismo puro como a la planificación socialista, uno centrado en el hombre. Es una forma de propiedad privada sobre el principio de la cogestión y debe tener perfecto derecho al beneficio y al crecimiento de la empresa social, dentro de los parámetros del bien común. Debe moverse en un orden económico de libertad con la vigilancia de un Estado fundamentado en lo social del derecho y bajo la ética de una doctrina de promoción social.

La economía social no es una invención reciente. Ocupa un espacio empleador importante en Europa, así como un espacio productivo relevante. Las autoridades europeas realizan permanentemente conferencias sobre el tema siempre poniendo de relieve su vocación de inserción e, inclusive, su utilidad frente a la presente crisis económica, dada su alta capacidad de empleo sustentable. De manera que mirarla con recelo es una muestra de ceguera de una ortodoxia neoliberal al margen de los tiempos.

Así tenemos como en España la economía social, con criterios variables, es reconocida y se le reconoce la calidad de una de las fuentes de empleo más estable. En Francia se consideran parte de ella a las mutualidades, a las cooperativas, a las asociaciones y a las fundaciones. En Bélgica existe el Consejo Valón de Economía Social. En Inglaterra se manejan varios conceptos bajo la denominación común de social economy, tales como conceptos de “sector no lucrativo” o de “sector voluntario”. La Unión Europea mantiene activo el Comité Económico y Social y edita textos sobre el tema con gran frecuencia. En nuestro continente, en un país como Canadá, se le reconoce y se le estudia.

Con variantes aquí y allá, podemos decir que se reconocen como dentro de la economía social empresas democráticas donde una persona tiene un voto y con distribución de beneficios no relacionada con el capital aportado por cada socio; a las cooperativas, como a las sociedades laborales; a las sociedades agrarias e, incluso, a empresas mercantiles que controlan los agentes de la economía social; tanto a las cajas de ahorro como a las mutualidades de seguros y de previsión social.

Se le llama sector voluntario, tercer sector solidario, economía solidaria o de iniciativa social, a esta realidad que está entre la economía capitalista y aquella pública. Lo es, al partir de una democratización del poder de decisión, al establecer una primacía del hombre y del trabajo en el reparto de las ganancias, la dotación de patrimonios colectivos o el de una no distribución de beneficios, dado que su propósito central es el del servicio a sus miembros y a la colectividad. Esto es, las bases son democracia, interés social y justicia distributiva.

La economía social es, pues, una forma de hacer economía en que se realza lo positivo de lo social dentro de lo económico y financiero. En otras palabras, en el momento en que en lo económico se parte del contexto humano. Si se analiza la llamada “economía informal” en que viven millones de personas en América Latina se encuentra una impresionante cifra en activos que quizás demuestre que la pobreza es más que todo un problema de ineficiencia social y que un paso clave está en convertir estos activos en productivos. El Estado no puede ser una especie de compañía de seguros que se ocupa de la seguridad, de la asistencia sanitaria y de la construcción de grandes obras públicas, para comenzar a ser mirado más desde el ángulo social, esto es, como un generador de valor social. Ya lo he dicho en otra parte: la economía y la política no pueden separarse y el desorden de la injusticia es producto de una subordinación de la política a la economía.

Es necesario lograr una coexistencia de todos los actores dentro de una economía plural donde esté la social como un enclave respetado de resolución del conflicto socioeconómico. No habrá desarrollo que merezca tal nombre si los actores del modelo capitalista latinoamericano se empeñan en bloquear los modelos financieros alternativos. El papel del Estado, en este caso específico, es el de la inversión estimulante, mediante políticas financieras y tributarias, y la concentración de los esfuerzos en proyectos productivos.

El objetivo es el desarrollo de una socieconomía en que no hay escisión de los agentes económicos de sus identidades sociales y menos del mundo simbólico que llamamos cultura. Si hablamos de socieconomía es porque esta debe producir sociedad y no sólo utilidades. El listado puede ser grande: cooperativas, servicios personales solidarios, ahorros hacia el crédito social, formación e investigación continuas, asociaciones de productores autónomos, redes de ayuda mutua, organizaciones de trueque, etc. La organización social se manifiesta, en numerosas ocasiones, por necesidades específicas que brotan al calor de la vida misma y que no son reducibles a un mero elenco. Ni una lógica capitalista ni un Estado socialista planificador a ultranza pueden no mirar con suspicacia lo que es la economía social, lo que quiere decir que ni una política asistencialista ni un Estado que roba atribuciones a los ciudadanos mirarán con buenos ojos una socieconomía. El principio de convergencia sólo puede encontrarse en una democracia con calidad humana, la que hemos denominado una democracia del siglo XXI.

Lo que hay que reconsiderar, en última instancia, son los conceptos mismos de ciudadanía y de calidad democrática. Lo que ahora debemos plantearnos en la base misma de la pirámide política es de nuevo a los seres humanos y, por supuesto, dada la crisis planetaria de sustentabilidad, la relación con su entorno. Ambas fueron echadas al saco del olvido con lentitud pero sin pausas. Insisto en el efecto pernicioso del rompimiento de lo económico con lo político y, por esa vía, con lo ético. La economía debemos volver a colocarla entre las Ciencias Humanas y no como dependiente de las Ciencias Exactas. El problema, sea dicho, es plantearnos una inteligencia en un ámbito superior. Es menester instituir una lógica cooperativa en medio de una lógica exclusivamente competitiva. Los problemas ya no son los que dieron origen a una lógica capitalista implacable. Le economía fue convertida en una religión, esto es, ocuparnos de ella era ocuparnos de todo, falsificación que nos ha conducido al cuadro que denota la precariedad de gruesas poblaciones humanas.

Comencemos a hablar de una sociedad cívica, donde todos y cada uno asuma sus responsabilidades y entre ellas la que aquí hemos abordado, la perentoriedad de una socieconomía.

teodulolopezm@yahoo.com

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